EL FUNCIONARIO INTRÉPIDO: USO INDEBIDO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El uso inconsentido de los sistemas de información llevado a cabo por un funcionario público es más habitual de lo que los administrados quisiéramos. Recientemente se ha dado un caso en el Ayuntamiento de Granada en el que la Fiscalía se ha querellado contra dos funcionarios por espiar las nóminas de políticos, entre ellos el alcalde, con el objetivo de "poner en evidencia" la inseguridad de los sistemas informáticos tras su destitución en sus puestos del Centro de Proceso de Datos municipal.

 

Acceder a documentación secreta, entrar en cuentas de correo electrónico ajenas descubriendo las contraseñas de sus titulares, acceder a información confidencial de los ciudadanos, suplantar identidades, posible tráfico de influencias o espiar nóminas son algunos de los motivos por los que los imprudentes funcionarios soslayan todo tipo de medidas de seguridad informáticas. Claro está que han de desconocer el alcance legal de semejante intrepidez.

 

Los Artículos 413 al 418 del Código Penal regulan el delito de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Concretamente, el Artículo 413 dice que el funcionario público que a sabiendas sustrajere documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para cargo público por tiempo de tres a seis años.

 

Asimismo, el Artículo 415 dice que el funcionario público que a sabiendas y sin la debida autorización accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

 

Por otro lado, el intrépido funcionario está incurriendo en un delito de descubrimiento y revelación de secretos regulado en el Artículo 197.1 del Código Penal que señala que aquél que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere de mensajes de correo electrónico o intercepte sus telecomunicaciones será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años.

 

Además, esta pena está agravada por tratarse de un funcionario público que se está prevaliendo de su cargo y se castigará aumentando la pena en su mitad superior, según dicta el Artículo 198 C.P.

 

Pero téngase en cuenta que no sólo delinque el funcionario infractor sino que aquellos empleados públicos que tengan conocimiento de tales hechos deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento de las autoridades oportunas toda vez que la omisión de denunciar supone una conducta omisiva punible (Artículo 11 C.P.) y un delito de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos (Artículo 415 C.P.).

 

De otro lado, la práctica del uso de las redes sociales o de Whatsapp por parte de funcionarios pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado difundiendo fichas policiales, diligencias y fotos suponen la comisión de los delitos mencionados, además de una conducta encuadrada en el tipo “De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función” regulada en el Artículo 442 C.P. para aquellos casos en que medie beneficio económico.

 

Por todo ello aquellos funcionarios que se prevalen de su cargo para hacer un uso indebido de la información a la que tienen acceso deberían pensárselo en pro del civismo y el cumplimiento del deber, pues nunca podrán argumentar cuando estén incursos en un procedimiento Penal que no conocían el alcance de su irreflexivo comportamiento, pues no olvidemos el principio de Derecho “Ignorantia juris non excusat”, esto es la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento.

 

 

MARÍA AYARRA GARCÍA DE ZÚÑIGA