videovigilancia ¿pública o privada?

VIDEOVIGILANCIA  ¿PÚBLICA O PRIVADA?

José Manuel Mulero, María Ayarra, Inma Montes, Javier Munguia y Montserrat Obach

(DPOe Grupo de Trabajo)

1. Antecedentes.

Hace unos días comentando situaciones cotidianas de los sistemas de videovigilancia con un amigo policía, me comentaba que en ocasiones ellos utilizaban las grabaciones que los centros comerciales realizaban sobre sus “parking” para resolver atestados de tráfico e  incidentes de seguridad, también es habitual que reclamen las grabaciones de la propia administración de la que dependen para solucionar o investigar cuestiones de tráfico, robos o hurtos frente a los edificios municipales.

Al valorar detenidamente la casuística que nos comentó, cabe plantearse hasta qué punto esta actuación se encuentra amparada por la legalidad vigente, nos surgieron una serie de preguntas de manera casi inmediata del tipo ¿qué atribuciones sobre tráfico y/o seguridad ciudadana tienen los centros comerciales? Se supone que el control del tráfico se realiza sobre vía pública y entonces la pregunta fue ¿ese parking, es vía pública o no? Hasta la fecha parecía  claro que un responsable privado podía aplicar  sistemas de videovigilancia en su propiedad, para finalidades como p.ej. el control de accesos, amén de otras finalidades que obviamos y que serían tema para otro artículo.

Y de igual manera parecía un hecho aceptado que la videovigilancia en la vía pública quedaba reservada a las Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho todos  conocemos procedimientos sancionadores de la AEPD a conocidos grandes almacenes que invadían manifiestamente la vía pública, pero en nuestro caso manteníamos la duda ¿es ese parking vía pública?

2. Base jurídica.

Puesto que la captación de imágenes afecta como mínimo al derecho a la propia imagen y al derecho fundamental a la protección de datos resulta necesario que estos tratamientos encuentren su amparo en una norma con rango de Ley o en el consentimiento (STC 292/2000). Por ello, en primer lugar procedimos a buscar normativa específica que regula el aparcamiento y la encontramos en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos. La Exposición de Motivos de la norma explica que se delimitarán los tipos de aparcamiento objeto de la Ley e igualmente la responsabilidad del titular en orden a la restitución del vehículo y de sus accesorios u otros efectos, en términos que vienen a recoger y resolver los criterios y dudas planteadas por la jurisprudencia.

En primer lugar, el artículo primero delimita  el ámbito de aplicación precisando sobre qué casos concretos se aplicará esta Ley

«1. Esta Ley  establece el régimen jurídico aplicable a los aparcamientos en los que una persona cede, como actividad mercantil, un espacio en un local o recinto del que es titular para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio.

2. A los efectos de esta Ley, se consideran como modalidades de la prestación de este servicio:

a) Estacionamiento con reserva de plaza en el que el titular del aparcamiento se obliga a mantener durante todo el período de tiempo pactado una plaza de aparcamiento a disposición plena del usuario.

b) Estacionamiento rotatorio, en el que el titular del aparcamiento se obliga a facilitar una plaza de aparcamiento por un periodo de tiempo variable, no prefijado».

En esta modalidad de estacionamiento rotatorio el precio se pactará por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas.

También pueden extraerse criterios de las exclusiones contenidas en la Ley que nos ayudaran a comprender las diferencias entre espacio privado y el ámbito público

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley:

«a) Los estacionamientos en las denominadas zonas de estacionamiento regulado o en la vía pública, tanto si exigen el pago de tasas como si éstas no se devengaren.

b) Los estacionamientos no retribuidos directa o indirectamente.

c) Cualesquiera otros que no reúnan los requisitos señalados en el artículo 1».

Por tanto, puede concluirse que los parking de los centros comerciales y grandes superficies, que están abiertos al público, que no tienen restricción de acceso y por los que no se cobra, no están regulados por esta normativa. Esto nos da una primera pista  que se concreta en que el centro comercial no tiene obligación de velar por la seguridad de los vehículos allí  aparcados. Por lo tanto, si la finalidad de la videovigilancia era esa seguridad, parece que queda reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para despejar por completo las dudas que, el supuesto de hecho que analizamos plantea, es necesario hacerse la pregunta: ¿qué consideración tiene esta zona de aparcamiento?, ¿es pública o privada?

En primer lugar, parece evidente que deberíamos saber cuál es el significado ordinario del concepto de vía pública y como lo definiríamos utilizando el diccionario de la  Real Academia de la Lengua Española. Éste la define como «calle, plaza, camino u otro sitio por donde transita o circula el público».

Sin embargo, no nos basta con ello, somos ante todo internautas. Así que buscamos  en Google para tener más opciones y encontramos a modo de ejemplo:

«Vía pública es todo camino o vía, público o privado de uso público, abierto al tráfico en general que puede ser utilizado para marchar por él, observando siempre las normas establecidas en la Ley de Tráfico y Reglamento General de Circulación».

En conclusión por  vía pública, entendemos el sistema integrado por carreteras, caminos, calles, sendas, plazas, parques, etc., de dominio común y público, necesario para la circulación de peatones, conductores y vehículos.

Sin embargo, el simple recurso al significado ordinario del concepto de vía pública no aclara del todo la pregunta. Al tratarse en el fondo de una cuestión directamente relacionada con el tráfico y la seguridad vial es necesario acudir a las normas y buscamos en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. De nuevo, nos apoyamos en el ámbito de aplicación de la norma:

«Artículo 2 Ámbito de aplicación

Los preceptos de esta Ley serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios».

Esta definición nos aporta  muchas ideas de utilidad para resolver las cuestiones planteadas. La primera, y paradójica conclusión consiste en que efectivamente el parking del centro comercial no es tan privado a efectos legales de transito como pudiera parecer y, de hecho, cabe perfectamente en las definiciones de vía pública.

3. La clasificación de las vías.

A partir de lo visto hasta aquí vamos a definir las vías atendiendo al dominio y el uso:

1.    De dominio y uso privado. Por ejemplo calles interiores de una urbanización cerrada.

2.    De dominio privado y uso público. Por ejemplo calles interiores de una urbanización abierta al público con comercios accesibles a terceros ajenos a la propiedad de la urbanización.

3.    De dominio público y uso público. Por ejemplo una zona verde, o la mayor parte de las "calles".

4.    De dominio público y uso privado. Por ejemplo una concesión.

Puede concluirse que nuestro caso se corresponde claramente es el 2º. Sin embargo, puesto que nuestra tarea se relaciona directamente con la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en lo que aquí procede la Instrucción 1/2006, no es ocioso plantearse qué opina al respecto la Agencia Española de Protección de Datos.  Por ello, aunque se iba clarificando la definición de estos parking una colega me recordaba que habíamos tratado esta casuística en un curso de especialista universitario en protección de datos y privacidad que acabábamos de concluir en la Universidad de Murcia y el específico de videovigilancia que APEP ha desarrollado este verano. En este sentido, nos sugirió considerar el Procedimiento Nº PS/00166/2012 y RESOLUCIÓN: R/02340/2012 indispensable para concluir esta modesta investigación.

En ella se señala de modo muy gráfico cómo debe tratarse esta cuestión de “lugares públicos”  ante una denuncia de dirección General de la Guardia Civil contra Renfe Operadora por posibles infracciones a la normativa de protección de datos en materia de videovigilancia. La Agencia, en sus fundamentos de derecho, en especial en el IV, da mayor trascendencia al elemento de accesibilidad que a la naturaleza jurídica del bien.

Si lo analizáis, la AEPD es del todo contundente al considerar el parking abierto sin restricción de acceso ni contraprestación económica por su uso como vía pública y sanciona a un responsable privado de videovigilancia por grabar en lo que considera vía pública. En efecto, señala la Agencia que lo relevante a efectos de dilucidar el alcance que se debe dar al concepto “lugares públicos” es el elemento de accesibilidad por encima de la naturaleza jurídica de un bien, de tal manera que el acceso libre y sin restricciones a un parking, aún de propiedad de ADIF, determina su consideración como espacio público a estos efectos.

Con este planteamiento de la Agencia Española de Protección de Datos parecía aclarado el tema inicial.

Sin embargo, en estas últimas semanas hemos visto en los telediarios como en el trascurso de una investigación policial unas grabaciones de responsables privados servían de prueba para llegar a imputar a una persona por flagrantes contradicciones en sus declaraciones judiciales, ya habréis deducido todos que se trata del asesinato de la niña en Santiago. También es conocida por todos la noticia que llegaba hace unos meses y que, para sorpresa de muchos, anulaba como prueba en un asesinato en la vía pública la grabación que un responsable privado efectuaba.

Ahora nos seguimos preguntando, ¿porqué en unos casos se acepta y en otros no, una grabación sobre la vía pública realizada por un sistema de videovigilancia privado, como prueba? ¿realmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conocen que el origen de esa grabación es en principio contrario a la norma? (en relación a la anulación de la prueba de las imágenes del asesinato en vía pública captadas por responsable privado), si no es este un caso de conflicto entre el derecho fundamental a la protección de datos (del agresor) y el derecho a la tutela judicial efectiva (de la víctima).

 

Para estas cuestiones os emplazo a una nueva entrega en la que necesitaré ayuda, consejo y pistas a seguir para entre todos plantear una opinión fundada.